El enfermo castigado

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Antes, los enfermos tenían un problema: su enfermedad. Ahora tienen dos: su enfermedad y su bolsillo. El Gobierno decide  penalizar a los enfermos, castigarles por estar enfermos, y empezar a aplicarles sucesivos copagos/multipagos, en muchos casos inasumibles en lo económico y en lo ético.  “Ya que os permitís  el lujo de poneros enfermos, por lo menos pagad por ello”, parece decirles.

Medicamentos, muletas, sillas de ruedas, asistencia domiciliaria, y ahora, el transporte al hospital. Sin olvidar tampoco el "apartheid sanitario" de los inmigrantes sin papeles. Una sangría económica para millones de personas y una enorme falta de sensibilidad a la que, por otra parte, ya nos tiene acostumbrados este Gobierno. En el caso de las ambulancias "de pago", Carmen Vilaboa, desde la Asociación Gallega de Enfermos Neuromusculares, me recuerda que “si necesitan transporte medicalizado  es porque están muy debilitados, y si no van al hospital, se mueren". "Lo que están haciendo con estos enfermos es una infamia”, sentencia.

Tras destrozar la Ley de Dependencia  (ver en este blog “Hachazo a la Dependencia”, en entrada del mes de agosto), y “sancionar” al enfermo por el hecho de estarlo, despliegan ahora en la sanidad toda su voracidad privatizadora. Aseguran que con menos gasto, y sin despidos, van a mejorar la atención sanitaria y todavía tendrán margen de beneficios para las empresas gestoras. ¡Es magia! ¡La multiplicación de los panes y los peces!

Al final, las “enfermedades rentables” (ahora hay que empezar a referirse a las enfermedades en estos términos) las tratarán los hospitales privados, mientras que las “enfermedades ruinosas” las asumirá la sanidad pública… o lo que quede de ella. Es decir, se cumplirá una de las máximas neoliberales: privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas.

En autor británico Henry Fielding escribía en una de sus novelas aquéllo de  que “los médicos tienen sus enfermedades favoritas”. Ahora, supongo que la ministra también las tendrá. Ya me la imagino en una consulta, hablando con un paciente. “Disculpe, le importaría a usted enfermarse de hepatitis;  es que el cáncer nos sale carísimo y se nos descuadra  el déficit. Total, ¿a usted qué más le da?”.

Tratar la enfermedad de un ciudadano en base a criterios de gasto, de rendimiento económico o de “carga para el sistema” es de lo más ruín que uno puede llegar a imaginarse. ¿A alguien se le ocurre una labor que un Estado debiera desarrollar con mayor interés y celo que el cuidado de la salud de los ciudadanos? ¿Es aceptable “ratearle” la salud a las personas?. Utilizar la sanidad (igual que la educación) para tratar de cuadrar el déficit es un insulto a la ciudadanía, y una nueva evidencia de la forma de pensar de un Gobierno al que la gente no le importa.

Ni las protestas unánimes que arrecian desde prácticamente todos los frentes de la sanidad española parecen frenarles lo más mínimo. Ni sienten ni padecen. Se han marcado un objetivo claro: acabar con lo público, desmantelar el país para entregárselo a unos pocos.  

Si es cierto que “gobernar es repartir el dolor”, como dijo Gallardón, entonces el Gobierno lo está haciendo de maravilla, porque en efecto no hay un sólo sector del tejido socio económico del país que no esté sintiendo dolor en sus propias carnes ante las decisiones de un Ejecutivo inhumano y vendido.

En el caso de las personas enfermas y dependientes, el dolor se triplica. Primero el dolor físico que emana de su propia dolencia. Segundo, el dolor económico que ya empiezan a sentir. Y  tercero, el dolor anímico de saber que el Gobierno los castiga, los desprecia, y los atropella, como si fuesen una molestia, una carga, y los responsables de que las cuentas no salgan. “Malditos enfermos. Por su culpa se nos dispara el déficit”.

“La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada”. (Schopenhauer)