El "tasazo" de Gallardón: la justicia ya no es para todos

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Con lo fino que hiló Gallardón a la hora de percatarse de que la ley del matrimonio homosexual colisionaba con una palabrita de un articulito de la Constitución, y lo indignado que mostróse  el Ministro ante tamaña afrenta a la Carta Magna, y en cambio qué fácilmente  extermina con su “tasazo judicial” uno de los derechos fundamentales que consagra esa misma Constitución en su artículo 24: la tutela judicial efectiva y, por ende, el acceso gratuito a la Justicia.

El Gobierno ha obrado el milagro, para que luego digan que nunca consigue el consenso: jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales y procuradores se ponen de acuerdo en algo y denuncian el carácter inconstitucional del “tasazo” de Gallardón. Fin de  la justicia gratuita, y por tanto, fin de la justicia.

El impuesto que impone Gallardón es un nuevo hachazo a la igualdad, en ese intento frenético del PP por romper la cohesión y la justicia sociales.  Las rentas más bajas sí quedan exentas del "tasazo", con lo que será nuevamente la clase media (cada vez más empobrecida) la que "pague el pato". La protección de las víctimas es una de las principales razones de ser de la justicia. Y es precisamente en épocas de crisis cuando las personas necesitan de ese acceso gratuito a la justicia que garantiza la Constitución para protegerse de tantos y tantos atropellos que se producen a diario.  El libre acceso a los tribunales era de los pocos flotadores a los que se aún podían agarrarse los ciudadanos. Ahora ya ni eso. Las personas sin recursos saben que la justicia ya  no es para ellos. El desmantelamiento del país continúa. Luego nos extrañaremos cuando alguien se tome la justicia por su mano…

Dice el ministro  que tenemos el país muy “judicialiazado”: es decir, que nos divierte meternos en pleitos, que lo hacemos por “hobby”. De nuevo, el Gobierno actúa por nuestro bien, para protegernos de nosotros mismos. Un abogado me desliza que uno de los verdaderos motivos  es que no quieren asumir el gasto de construir nuevos juzgados, y que  además, quizás les venga bien dejar a determinadas personas sin cobertura judicial: sin acceso a la justicia molestan menos. Asimismo, me cuenta que los bancos, las aseguradoras y las Administraciones están encantados con este nuevo impuesto que tanto les beneficia, ya que les va a librar de muchos procesos  y de no pocas derrotas. También me dice que es sorprendente la velocidad a la que se ha tramitado  el texto, como si tuviesen una prisa desmedida en sacar adelante el “tasazo” cuanto antes. Tanta prisa, que el BOE lo ha publicado sin que todavía hubiese impresos en los juzgados.

El PP aprobará  la ley con su mayoría absoluta, aunque futuros recursos de inconstitucional que se presenten tienen todo a favor para prosperar. Sin justicia para todos, la democracia (en caso de que todavía exista en España) sufre otro golpe mortal. Una justicia de ricos y otra de pobres es uno de los pilares sobre los que asientan los estados totalitarios.

Hace años, Gallardón era presentado como el más progresista del PP. Los que lo conocían, ya corregían entonces: “no os dejéis engañar, es el peor de todos”. Sus  posicionamientos  ante el aborto, ante el matrimonio homosexual, ante los desahucios (“la prioridad es que  los bancos tengan seguridad para que  vuelvan a dar crédito”, declaró)  y ahora el “tasazo” confirman que, en efecto, Gallardón es el más reaccionarios entre los reaccionarios…

(El “tasazo” es un impuesto de entre 200 y 350 euros en primera instancia que se le cobra al ciudadano sólo para poder iniciar el proceso judicial. Si se acude a segunda instancia, la tasa se acerca a los 1.000 euros. Si se reclama una cantidad en concepto de indemnización, habrá que adelantar el 0,5%  de la cantidad reclamada: si pides un millón de euros por una negligencia médica, por ejemplo, necesitarás 5.300 euros sólo para personarte ante el juez. Llegando a tercera instancia, 20.000 euros. Las administraciones quedan exentas de pagar estas tasas).